Gestión del riesgo en instalaciones gubernamentales, ¿cuáles son las exigencias normativas y mejores prácticas?

La gestión del riesgo en el sector público se ha convertido en una prioridad nacional. Más allá de que es exigida por la normativa vigente, representa un pilar fundamental para garantizar la continuidad operativa de entidades clave del Estado. Las amenazas externas —como actos vandálicos, robos, sabotajes o desastres naturales— pueden comprometer la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía si no se identifican, previenen y gestionan de forma oportuna.

En este contexto, las instalaciones gubernamentales necesitan contar con planes robustos de prevención, atención y recuperación frente a eventos adversos. Desde el diseño físico de los espacios hasta el monitoreo en tiempo real, pasando por la acción de los guardas de seguridad y la implementación de tecnología, cada elemento debe estar alineado con un plan integral de protección institucional.

¿Por qué es clave la gestión del riesgo en el sector público?

En primer lugar, porque las entidades públicas manejan recursos, información y procesos críticos para el funcionamiento del país. Sin importar si se trata de ministerios, juzgados, alcaldías, hospitales o centros educativos, cada infraestructura estatal representa un punto de vulnerabilidad si no se protege adecuadamente.

Además, la gestión del riesgo en el sector público fortalece la gobernabilidad, transmite confianza a la ciudadanía y evita interrupciones costosas en la prestación de servicios. Implementar protocolos efectivos no solo reduce pérdidas humanas o materiales, también incrementa la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta ante emergencias.

¿Cuál es el objetivo de las normativas para la gestión de riesgo en entidades públicas?

El marco normativo colombiano, liderado por la Ley 1523 de 2012 y reforzado por guías como el "Manual de implementación del sistema de gestión del riesgo" para entidades del orden nacional, tiene como propósito establecer un sistema unificado, articulado y eficaz para el manejo de riesgos.

Estas normativas buscan que cada entidad pública:

• Identifique los riesgos que pueden afectar su funcionamiento.

• Evalúe la probabilidad e impacto de estos eventos.

• Diseñe estrategias de prevención, mitigación y respuesta.

• Asegure la continuidad de sus operaciones y la protección del personal y usuarios.

En este proceso, el papel de una empresa de seguridad capacitada y confiable es esencial para cumplir con los requerimientos físicos y operativos de control de accesos, vigilancia activa y monitoreo de incidentes.

Conceptos básicos que necesita saber para ejercer una buena gestión

Antes de aplicar acciones concretas, es importante entender algunos conceptos clave que estructuran una buena gestión del riesgo en el entorno institucional:

• Amenaza: hace referencia a cualquier evento potencial (natural, humano o tecnológico) que pueda afectar negativamente la operación de una entidad pública. Ejemplo: un incendio, una protesta, un corte de energía o un atentado.

• Vulnerabilidad: es el grado de exposición o fragilidad que tiene una instalación frente a una amenaza. Una oficina con acceso libre al público, sin control de ingreso, es altamente vulnerable.

• Riesgo: surge de la combinación entre una amenaza y una vulnerabilidad. Por ejemplo, el riesgo de hurto en una entidad aumenta si no se cuenta con guardas de seguridad ni cámaras de vigilancia.

• Contingencia: conjunto de acciones preparadas para actuar en caso de emergencia. Incluye planes de evacuación, brigadas de respuesta, comunicación interna y coordinación con entes externos.

• Continuidad del negocio: capacidad de la entidad para seguir prestando sus servicios esenciales incluso durante o después de una crisis. Implica redundancia operativa y protocolos de recuperación rápida.

Mejores prácticas para prevenir, actuar y responder ante incidentes

Las mejores prácticas en gestión del riesgo para instalaciones del sector público no se improvisan. Deben ser diseñadas con base en el contexto particular de cada entidad y ejecutadas de manera sistemática y profesional. A continuación, algunas acciones recomendadas:

• Realizar diagnósticos de seguridad periódicos: identificar puntos ciegos, deficiencias estructurales, accesos no controlados y flujos de personas o información que representen una debilidad operativa.

• Establecer controles físicos con personal capacitado: la presencia de guardas de seguridad entrenados, con turnos organizados y tareas claras, reduce de forma significativa la probabilidad de actos delictivos o intrusiones.

• Instalar tecnología de vigilancia integrada: el uso de sistemas de videovigilancia, sensores de movimiento, alarmas silenciosas y control biométrico de acceso permite una supervisión en tiempo real, reduciendo el margen de error humano.

• Desarrollar simulacros de evacuación y protocolos internos: capacitar a todo el personal en rutas de escape, puntos de encuentro y comunicación de emergencia, mejora la velocidad y eficacia de la respuesta ante incidentes.

• Integrar a la comunidad institucional en la gestión del riesgo: incluir a empleados, contratistas y visitantes frecuentes en procesos de sensibilización y cultura de la seguridad, fomenta la prevención colectiva.

• Contar con aliados estratégicos especializados: delegar la operación del servicio de seguridad y vigilancia en profesionales, permite el cumplimiento normativo y brinda tranquilidad operativa de toda la institución.

¿Cómo Seguridad Superior apoya la gestión del riesgo institucional?

En Seguridad Superior, comprendemos a fondo los retos que enfrentan las entidades públicas para cumplir con las exigencias de protección, normativas y operativas. Nuestra trayectoria de más de 40 años como una de las principales empresas de seguridad privada del país nos permite ofrecer soluciones ajustadas a las necesidades reales de cada institución.

Proveemos servicios de seguridad y vigilancia con personal entrenado para entornos de alta criticidad, implementamos estrategias de control de accesos, sistemas de monitoreo centralizado y acompañamos a las entidades en el diseño e implementación de sus planes de seguridad.

Cuando se trata de proteger bienes públicos, garantizar la continuidad institucional y velar por la seguridad de miles de funcionarios y ciudadanos, no se puede improvisar. Se necesita la experiencia, preparación y compromiso que tenemos en Seguridad Superior.